184 bienes fueron ocupados con fines de extinción de dominio, en diligencias realizadas en 30 municipios de 15 departamentos
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Las propiedades pertenecerían a los señalados involucrados en casos como ‘El carrusel de las pensiones’, irregularidades de contratación en el Plan de Alimentación Escolar y desviación de recursos del sector salud.
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Las diligencias se realizaron durante la última semana en Bogotá; Santa Marta y Gaira (Magdalena), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cartagena (Bolívar), Tunja, (Boyacá), Restrepo y Villavicencio (Meta), Pasto y Tumaco (Nariño), Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander), Melgar (Tolima), Cali (Valle del Cauca), Valledupar y San Marcos (Cesar), Maicao y Fonseca (Guajira); Ricaurte, Funza, La Calera, Chía y Cajicá (Cundinamarca); Sabaneta, Bello y Rionegro (Antioquia); Soledad, Juan de Acosta y Barranquilla (Atlántico).
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Las propiedades afectadas con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión son 137 inmuebles, 1 sociedad, 3 establecimientos de comercio, 38 vehículos y 5 cuentas bancarias.
Todos los activos fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio, en el entendido de que habrían sido adquiridos con dineros producto de actos de corrupción o pertenecería a los principales implicados en casos de desviación de recursos de la salud, pensiones, educación y Plan de Alimentación Escolar (PAE), entre otros sectores.
“Estas acciones estuvieron dirigidas a afectar el patrimonio de servidores públicos, contratistas, particulares; que estuvieron involucrados en irregularidades de todo tipo afectando el derecho a la salud de los colombianos, el derecho a la educación de los colombianos”, señaló el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado al pronunciarse sobre el tema.
Casos destacados
SaludCoop. Fueron afectados varios predios que habrían sido adquiridos con dineros que habrían sido desviados del sistema general de seguridad social en salud.
‘Carrusel de Pensiones’. Durante la ofensiva fueron afectados bienes que estarían vinculados a eventos de corrupción identificados en Cajanal y Colpensiones, en los que varias personas fueron beneficiadas con el pago jubilaciones y ajustes en las mesadas pensionales sin cumplir los requisitos de ley.
Plan de Alimentación Escolar (PAE). Varios de los inmuebles que recibieron medidas cautelares, al parecer, fueron adquiridos con recursos producto de las diversas irregularidades de contratación y ejecución de los PAE en distintos lugares del país.
Universidad Tecnológica del Chocó. La Fiscalía afectó los bienes de un contratista y un interventor, quienes son procesados por posibles anomalías en la celebración de contratos para la construcción de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó.
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