- Cundinamarca iniciará depuración y actualización de esta entidad
- Zipaquirá, Facatativá, Chía, Cajicá con anomalias en cifras
- Se conocieron cifras que plantean alertas para que solo población vulnerable reciba subsidios
Como convocante a este encuentro, el Contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo llamó la atención al gobierno departamental por la falta de datos consolidados sobre programas y proyectos de ayuda social en el departamento así como en los datos del presupuesto asignado a los mismos.
Municipios con casos de subsidiados con ingresos superiores mensuales de más de $3.8 millones de pesos y poseedores de bienes se presentan en Zipaquirá, Cajicá, Chía, Madrid, Facatativa.
López, indicó que gracias a una consulta hecha por la Contraloría a los alcaldes se estableció de manera preliminar que solo en el 2015, se asignaron aproximadamente $400 mil millones de pesos en programas de beneficio social. “Sólo 101 de los 116 alcaldes atendieron el llamado, lo más preocupante es que estén incurriendo en graves delitos penales, disciplinarios y de detrimento patrimonial”, puntualizó.
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El 6% del registro por actualizar y depurar que equivale a 107.909 personas están en riesgo $ 80 mil millones de pesos en el cuatrienio al no direccionarse recursos a personas verdaderamente necesitadas. “Se pierden recursos cuando personas que no tienen derecho acceden a los programas de forma indebida. No permitiremos que se utilice el SISBÉN para pagar favores, este es para atender a la población vulnerable”, precisó.
Las inconsistencias
De acuerdo con el Director de Nacional de Planeación, DNP Simón Gaviria en Cundinamarca 2.054.901 personas están validadas en el registro, lo que equivale al 74% de población en el departamento (2´680.041), sin embargo, explicó que la información suministrada por 107.909 personas debe verificarse, dado que figuran como fallecidos 16.005; por cambios en el tipo de vivienda 5.132; ingresos superiores a $3.8 millones de pesos mensuales 3.076 y cambios no justificados 2.975.
En el Conversatorio, realizado en el teatro Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca y al cual asistieron alcaldes, personeros y coordinadores del SISBEN, miembros de la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca explicaron implicaciones jurídicas con irregularidades en aplicación de la encuesta, falsedad en documento público, fraude a subvenciones, fraude procesal y falso testimonio, en los que pùeden incurrir funcionarios y personas que no proporcionen información verídica.
