Contraloría investiga presuntas irregularidades en proyecto vivienda en Cota, Cundinamarca

Contraloría investiga presuntas irregularidades en proyecto vivienda en Cota, Cundinamarca

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En un reciente desarrollo, la Contraloría de Cundinamarca ha anunciado el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal dirigido a los exsecretarios de planeación e infraestructura y al exalcalde del municipio de Cota.

La investigación se centra en presuntas irregularidades detectadas en el resguardo indígena de este municipio, donde se llevaron a cabo obras para el mejoramiento y construcción de viviendas para la comunidad local.

El equipo de fiscalización de la Contraloría, tras realizar auditorías en el lugar, ha señalado diversas deficiencias en el proyecto.

“En cuatro de las cinco viviendas revisadas en mampostería estructural, se evidencia que la carpintería metálica no corresponde con las especificaciones que se indican dentro del contrato”, destacó el informe. Además, se encontraron deficiencias físicas en la ejecución de las actividades durante la visita.

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Las irregularidades incluyen falencias en la construcción de las viviendas, la utilización de materiales distintos a los especificados en el contrato, la falta de seguimiento al proyecto y la aprobación de pagos a pesar de las deficiencias de calidad observadas. Estos factores han resultado en un detrimento económico para el municipio de Cota, estimado en $43.471.167 pesos.

  • El informe de la Contraloría subraya que los exfuncionarios involucrados y la compañía constructora deberán comparecer ante las autoridades. La falta de cumplimiento en el diseño y uso de materiales, junto con la ausencia de una supervisión adecuada, ha llevado a la institución a buscar responsabilidades fiscales de los implicados. El incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista para asegurar el correcto uso de los recursos públicos es uno de los puntos centrales de la investigación.
  • La Dirección de Investigaciones de la Contraloría está llevando a cabo las acciones necesarias para determinar las responsabilidades fiscales de cada involucrado. Este proceso busca evitar la posible pérdida de 2.448 millones de pesos, destinados a 100 subsidios municipales de vivienda de interés social.

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