Los niños y niñas menores de cinco años hacen parte de las modalidades de atención Hogares Comunitarios, Centros de Desarrollo Integral (CDI) y FAMI del ICBF, cuyo operador tiene un contrato por 10.424 millones de pesos
En el fallo de tutela, el juez le ordena al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Pro País Santo Domingo Sabio, operador del servicio, garantizar “de manera inmediata la atención integral a los niños y niñas suministrando la alimentación, educación, atención integral y protección dentro de los hogares comunitarios afectados”, se lee en el fallo de tutela.
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La medida cobija a cuatro Centros Zonales del ICBF ubicados en Fusagasugá, Cáqueza, La Mesa y San Juan de Rioseco, los cuales cobijan a 37 municipios de Cundinamarca cuyas niñas y niños, la mayoría de escasos recursos y población rural, llevan dos semanas sin recibir atención.
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La Defensoría del Pueblo conoció de este caso por las quejas que presentaron los padres de familia y cuidadores ante la Regional Cundinamarca de la Entidad y que, ante la gravedad del hecho, motivaron a presentar el 12 de mayo del 2022 la acción de tutela.
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Desde la Defensoría del Pueblo también se han recibido quejas en las que señalan que el operador del servicio no paga a tiempo los salarios y la seguridad social de madres comunitarias en La Mesa Cundinamarca. Así mismo, los afectados le han manifestado a la Defensoría que el operador Pro País Santo Domingo Sabio ha incumplido con la prestación del servicio en reiteradas ocasiones.
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