La Fiscalía obtuvo abundante material de prueba que da cuenta de posibles actuaciones irregulares del gerente del Hospital de La Mesa, Cundinamarca, Jairo Reynaldo Benavides Bartez
Los contratos, suscritos en julio de 2020 por $200’000.000, habrían sido entregados a una empresa de construcción de obras civiles que no tenía la idoneidad ni experiencia para asumir las actividades previstas. Se conoció que fue constituida por Camilo Hernán Lugo Álvarez, un asesor del gerente del hospital, quien nombró representante legal a la mamá de uno de sus mejores amigos.
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Las contrataciones
Entre las presuntas anomalías está la contratación directa a través de una invitación pública, y falta de claridad en los estudios previos, que no justificaban los precios del mercado ni las cantidades de fotocopias, artículos de papelería o productos de aseo que debían cubrir las necesidades del hospital.
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Adicionalmente, se estableció que se vulneraron los parámetros definidos en el Manual de Contratación del hospital y que los objetos de los contratos no fueron incluidos en el Plan de Compras anual. De igual manera, no existió un soporte de las evaluaciones hechas a las propuestas recibidas.
Respecto al contrato de fotocopias, hay evidencia de que la empresa a cargo de este suministro ubicó máquinas de alta tecnología que, posteriormente, fueron remplazadas por las fotocopiadoras utilizadas en un contrato anterior. Mientras que, en el tema de desinfección, se determinó que fueron desconocidas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional con relación al uso de bolsas para desechos, esto ante la emergencia por el COVID-19.
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Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Los investigados son el gerente del Hospital de La Mesa, Jairo Reynaldo Benavides Bartez; el exasesor y actual almacenista, Camilo Hernán Lugo Álvarez; y la representante legal de la empresa contratista, Sandra Esneda Hernández Ortiz. Los procesados recibieron medidas privativas de la libertad en centro carcelario.
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