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Las autoridades desmantelaron una estructura criminal que se dedicaba a convencer incautos para que entregaran sus vehículos, supuestamente en arriendo para entidades del Estado, pero lo que hacían era vendérselos a otras personas simulando tragedias familiares para generar lástima ante las víctimas


Tras un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía fue desmantelada una organización criminal que se dedicaba a estafar a ciudadanos de Bogotá y Cundinamarca. La investigación inició en la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en la que se detectó una nueva modalidad de estafa bidireccional. La banda desmantelada estaba conformada por siete personas, cuatro mujeres y tres hombres, que ya están a disposición de la justicia ante la que deberán responder por los delitos de estafa agravada y concierto para delinquir. 

De acuerdo con la Policía, una mujer de 39 años era quien lideraba la estructura criminal. Esta persona tenía casa por cárcel pues ya había sido procesada por realizar estafas colectivas en Cali por un monto de 2.500 millones de pesos. Pese a esta condena, a los pocos meses de tener el beneficio de casa por cárcel la mujer coordinó la creación de una nueva fachada con la que pudo continuar sus acciones criminales.

¿De qué trataban las estafas? La organización inició una estrategia de divulgación voz a voz en Fusagasugá, donde fue el origen de esta nueva modalidad de estafas en Cundinamarca. La estrategia de la banda criminal pretendía convencer a más de 40 personas de entregar sus vehículos en arriendo, prometiéndoles contratos duraderos con el Estado. Los voceros de la banda les decían a las potenciales víctimas que sus carros podrían ser utilizados en gobernaciones y alcaldías, y en retribución obtendrían pagos mensuales de $ 5 millones. Por el voz a voz, la información rápidamente llegó a otros municipios de Cundinamarca y posteriormente a Bogotá, y luego se extendió hasta el departamento de Meta.

Mientras convencían a sus víctimas, la banda también ubicaba potenciales compradores de los automotores que recibía. Según información de la Policía, los miembros de la banda intentaban convencer a sus víctimas ofreciéndoles facilidades de pago y descuentos especiales. Así lograron que al menos 29 personas adquirieran esos vehículos.

La investigación indica que el valor de la estafa sobrepasa los $1.100 millones y que la estructura criminal tenía, además del grupo de personas que captaba a las víctimas, otros miembros que se hacían pasar por asesores jurídicos y contadores. Con esto, la estructura criminal garantizaba la elaboración y firma de los contratos. También se constató que la cabecilla de la banda simulaba a menudo tragedias familiares para así generar lástima y empatía ante las víctimas.


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