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El Juzgado 13 de garantías de Bogotá envió a la cárcel a Angie Lorena Solano Cortes, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Miguel Castillo y Jessica K. Berrientos Castilla, cuatro de los implicados en el atentado de la Escuela General Santander


Accedió a solicitud de la Fiscalía de enviar al zipaquireño Carlos Arturo Marín Ríos -un quinto implicado- a prisión domiciliaria debido a su situación médica.

Según el juez, Oviedo Espinel y Solano Cortés “sobrepasaron los límites del derecho internacional humanitario” y existió un “menoscabo al bien jurídico de la vida” por lo que procede la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario. “Los implicados afectaron la seguridad del Estado (…) y la seguridad pública” y que, a su parecer, les era exigible un comportamiento de acuerdo a la ley.

Sobre los cuatro imputados que deberán cumplir con la medida en un establecimiento carcelario, el juez dijo que se debe imponer una limitación a la libertad porque existe un “riesgo alto” de que los ciudadanos no cumplan una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Según uno de los desmovilizados, Oviedo Espinel les daba clases para aprender a interactuar en un contexto de ciudad o de pueblo para no levantar sospechas. Uno de ellos indicó que Oviedo Espinel les dijo alguna vez que los tatuajes eran prohibidos porque podrían ser sospechosos.

Además de la pertenencia a la estructura del Eln, para el juez existe una inferencia razonable de que el hombre participó en el atentado de la Escuela de Cadetes guiando al carro bomba al lugar. Además de eso, el juez se refirió a los atentados ocurridos en dos sedes de la entidad financiera Porvenir en julio del 2018 y señaló que existe evidencia de que fue Oviedo Espinel quien estuvo detrás de la detonación de los explosivos.

Respecto a Angie Lorena Solano Cortés, el funcionario consideró que también existe inferencia de que la mujer participó y acompañó como parrillera una de las motos que guio a la camioneta Nissan Patrol a la Escuela General Santander y además quedó evidenciada su pertenencia al Eln gracias a testimonios de desmovilizados, quienes la reconocían como pareja de Oviedo Espinel.

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El funcionario estuvo de acuerdo con el delegado de la Fiscalía y consideró que Jessica K. Barrietos Castilla y Miguel Castillo, por los elementos presentados, harían parte de la estructura financiera del Eln.

Por otro lado, si bien para el funcionario judicial existe una inferencia razonable de que Carlos Arturo Marín Ríos trasladó la moto desde Zipaquirá, y al llegar a Bogotá se comunicó con el celular del que Angie Lorena era propietaria, coincidió con el delegado fiscal sobre el riesgo que podría tener Marín Ríos al ser trasladado a un establecimiento penitenciario.

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Según lo relatado en anteriores audiencias por el fiscal, Marín Ríos presenta un cuadro de hipertensión, catalogado como un factor de riesgo en caso de contagio de coronavirus, razón por la cual permanecerá en detención domiciliaria.

El delegado de la Fiscalía, los representantes de víctimas, el delegado del ministerio público estuvieron de acuerdo con la decisión. Dos abogados de la defensa apelaron la decisión, sin embargo mientras dicho recurso se resuelve, los imputados tendrán que permanecer privados de la libertad.

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