- En $ 57.000 millones se calculan contratos de acueductos y plantas de tratamiento sin terminar
- El 47% de población rural no cuenta con un acueducto
- Cundinamarca posee cuatro complejos de páramos que generan agua
Solamente 51 de los 116 municipios de Cundinamarca toman agua potable sin riesgo para la salud humana. O sea, más de la mitad del líquido que se consume en el departamento no cumple con estándares de calidad.
Además, en 11 municipios la corrupción y falta de ejecución de contratos para construcción de obras para proveer agua ha llevado a que en muchos casos sus habitantes tengan dificultades para acceder al servicio, que en ocasiones llega cada 10 o 15 días.
Cundinamarca sin agua para tomar
Dentro de las poblaciones más golpeadas por la falta de suministro están La Mesa y Anapoima, donde la construcción de un acueducto se frenó hace años.
Esto luego de que hace una década la Gobernación de Cundinamarca adjudicara cuatro contratos por $ 33.000 millones para construir la obra de 53 km. Tres de los contratos y la auditoría del mismo quedaron en manos de las empresas de los primos Nule o de sus socios.
La planta de bombeo, ubicada en el municipio de Madrid, fue hecha sobre un lote de un privado, no tiene conexiones y los materiales son de mala calidad. El tanque de almacenamiento no funcionó por filtraciones que tenía la estructura, y la tubería estaba instalada por segmentos discontinuos, según reportó la Contraloría departamental.
El proceso por este elefante blanco poco ha avanzado y apenas este año la entidad se puso al frente del caso, al declararse como víctima de la obra siniestrada con el fin de buscar una solución.
Hoy la Mesa recibe 18 litros de agua por segundo cuando la demanda del municipio supera los 160 litros, por eso sus habitantes reciben el servicio durante 8 horas, cada 12 o 15 días.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, señaló que busca terminar el acueducto y surtirlo con unos pozos ubicados en Bojacá; eso aumentaría la capacidad a unos 56 litros por segundo. Sin embargo, algunos habitantes del municipio se oponen, argumentando que para llevar agua a La Mesa y a Anapoima su municipio se desabastecerá y sufrirá daños ambientales. Aunque Rey argumentó que no se afectarán su reserva de agua, ellos mantienen su posición.
Por otro lado, Cáqueza y Chipaque pasan por el mismo problema. El acueducto veredal Fruticas fue contratado en 2006. Sin embargo, cayó en manos de los Nule y no ha podido suplir las necesidades de 16.000 campesinos que tienen problemas de desabastecimiento. La Gobernación y el Ministerio de Vivienda esperan que a principios del 2018 el acueducto entre en funcionamiento.
¿Y las aguas residuales qué?
Otra de las problemáticas que vive el departamento es la falta de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que permitan limpiar las aguas negras que llegan a varios afluentes hídricos.
Según el informe de la Controlaría de Cundinamarca, aunque en la actualidad existen 78 PTAR construidas por un valor de $ 238.000 millones, 9 de ellas no funcionan, como sucede en los municipios Jerusalén, La Peña, Arbeláez, Medina, Cota, entre otros. Además, la entidad calcula que en otros tres municipios la construcción de estas infraestructuras se encuentra detenida, lo que equivale a más de $ 12.400 millones.
Contrario a esto, en Bogotá la semana pasada la CAR de Cundinamarca y el Distrito firmaron el contrato de ampliación de la PTAR Salitre, que duplicará la capacidad de la planta para contribuir a la limpieza del río Bogotá.
Páramos en peligro
Cundinamarca posee cuatro complejos de páramos que generan agua para el Magdalena Medio, Boyacá y una parte del centro del país. Aunque la ley protege a estos ecosistemas, los páramos de Guerrero y Rabanal se encuentran en delicado estado, debido a que se intensificó la siembra de cultivos de papa y la actividad ganadera en la zona, según advirtió la entidad.
Uno de los riesgos es que los cultivos, que por ley no pueden estar a más de 3.000 metros de altura, son rociados con agroquímicos que pueden contaminar nacederos de agua.
Por ello, la Gobernación, desde hace unos años, inició un plan para comprar aquellos terrenos ubicados en páramos y recuperar el ecosistema. Ya se ha destinado parte del presupuesto que exige ley a los municipios para la recuperación ambiental (1 % del presupuesto anual) y se han comprado 10.598 hectáreas de las más de 200.000 que deben protegerse.
Fuente: David Recio Barreneche / El Tiempo
