Respaldo de la CIDH a 25 niños de Colombia enfermos de cáncer

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le notificó al Estado que debe hacer todo lo posible para proteger a 25 niños afectados por cáncer y graves enfermedades de la sangre


Las historias de 25 niños del departamento de Bolívar afectados por cáncer y graves enfermedades de la sangre llegaron, el 16 de septiembre del año pasado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sus abogados y familiares enviaron una petición a Washington para que les pida a las autoridades colombianas y a las EPS a que cumplan con los tratamientos que necesitan para vivir. En medio de la impotencia y el desespero de ver que la salud de los menores se deterioraba, su grito de auxilio fue escuchado por la Comisión.

En un documento con fecha del 16 de junio de este año, la CIDH emitió unas medidas cautelares en las que le ordena al Estado realizar todas las acciones para proteger a estos niños que necesitan, con urgencia y de manera eficaz, tratamientos médicos para vivir. Todos ellos viven en Cartagena o en zonas aledañas. “Llevamos este caso a la Comisión porque ya se agotaron las instancias en Colombia. Se trata de familias de muy bajos recursos que tienen que viajar hasta Cartagena para cumplir con las citas. Sin avisarles se las cancelan o simplemente no se cumplen. A nadie le duelen sus dramas”, le explicó a este diario Ángela Margarita Rey Anaya, la abogada del caso y directora de la organización United for Justice.

La jurista además señaló que la situación de estos niños la viven otros 300 en la Costa Atlántica y que, si se hiciera un registro en todo el país, la cifra sería de proporciones gigantescas. “Fue muy importante explicar cuál es el contexto del sistema de salud en esta zona. Hicimos un riguroso rastreo de notas de prensa y de información oficial para explicar que allá el sistema está colapsado y los niños están padeciendo el abandono estatal y la ineficacia de la justicia”, agregó Rey, haciendo referencia al hecho de que los 25 niños ya tenían una orden de un juez para recibir su tratamiento y, en la mayoría de los casos, incidentes de desacato y órdenes de captura a gerentes de las EPS que tampoco se han cumplido.

Uno de los hechos que estudió la CIDH fue el caso de la gerente de la EPS Coomeva en Bolívar, Martha Peñaranda. La Veeduría de la Rama Judicial de Cartagena denunció, a comienzo de este año, que en contra de esta funcionaria había por lo menos 40 órdenes de captura por incumplir fallos de tutela de pacientes que no reciben sus tratamientos médicos, y la Policía no había ejecutado su arresto. Coomeva, precisamente, es una de las 11 EPS a las que están afiliadas los 25 niños que reconoció la Comisión Interamericana y que no estarían dándoles el tratamiento que necesitan para vivir y luchar contra enfermedades como la anemia, leucemia, cáncer en la tiroides y de linfoma de Hodgkin.

La lista completa de las entidades mencionadas en el documento de la CIDH es esta: Cafesalud, Comfamiliar, Coomeva, Sura, Salud Total, Salud Vida, Comfacor, Ambuq, Nueva, Comparta. Antes de emitir las medidas, la Comisión le pidió al Estado que le explicara en qué estado se encontraban los tratamientos de los niños. La respuesta la enviaron en diciembre del año pasado y en ella explicaron que el Grupo de Soluciones Inmediatas en Salud, adscrito a la Superintendencia Nacional de Salud, había “realizado todas las gestiones pertinentes para garantizar la efectiva prestación de los servicios de salud requeridos por los menores”.

Aun cuando el Estado aseguró que se estaban cumpliendo con las órdenes de los jueces, una de las 25 menores que pidió ayuda a la Comisión perdió la vista en uno de sus ojos y hoy está luchando para no perder la visión por completo. Además, los peticionarios le explicaron a la CIHD que solamente entre enero y octubre del año pasado “fallecieron (otros) 22 niños por la presunta negligencia y omisión de las EPS”. Aparentemente, dice la Comisión, parte del problema radica en una situación de colapso financiero e irregularidades de las varias EPS existentes.

“La Comisión considera que, dada la naturaleza de las enfermedades señaladas, los impactos que estarían provocando en la vida e integridad personal de los niños, así como la ausencia de información por parte del Estado sobre si estarían recibiendo un tratamiento médico adecuado e integral a pesar de las resoluciones judiciales existentes, este asunto justifica la apreciación de una situación de grave riesgo”, se lee en el documento en el que se ordenaron las medidas cautelares y en el que la CIDH le pidió al Estado que en 20 días le comunique qué medidas se han tomado para cumplir con las órdenes.

“Ahora la pelota está del lado del Estado. Esperamos su pronunciamiento para empezar a trabajar con estas familias, que necesitan con urgencia tratamientos de quimioterapia, radioterapia y otros medicamentos. Pero este pronunciamiento de la CIDH está basado en una radiografía muy pequeña de lo que viven día a día pacientes de cáncer, enfermedades raras o dolores crónicos. Necesitamos con urgencia una modificación del sistema de salud”, concluyó la abogada Rey Anaya.

Fuente: El Espectador/María José Medellín Cano

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